Un ambiente de derechos

Presentación

Son varias las situaciones que vulneran los derechos de los maestros, estudiantes y en general de la comunidad educativa del país y de la Universidad Pedagógica Nacional con sus proyectos de formación concomitantes: Instituto Pedagógico Nacional y Escuela Maternal. Situaciones que se materializan en actores, prácticas, problemáticas y políticas que evidencian contextos de injusticia e indignidad de la condición del maestro en ejercicio y del maestro en formación.

Reconocer lo que sucede dialécticamente y abordarlo pedagógicamente como un acto ético-político, es cimentar el derecho a la educación en cuanto escenario de justicia social que se orienta por la afirmación de la paz como horizonte de sentido y la construcción de una ciudadanía anamnética institucional y de alcance nacional.

A la luz del posicionamiento de la ciudadanía, cobran vigencia las reelaboraciones en torno a la formación política para coadyuvar a que el individuo logre las capacidades necesarias para devenir ciudadano; es decir, sujeto y actor político. No solo a través de la garantía de los derechos constitucionales que lo consagran como tal y del conocimiento que se tenga sobre estos, sino también a través de procesos que lo configuran como sujeto autónomo, con capacidad de tomar sus decisiones e intervenir en las diversas esferas de lo público, en donde tienen lugar variadas disputas y negociaciones sobre asuntos referidos al gobierno de los seres humanos, a sus posicionamientos, elecciones y actuaciones en relación con la política (Tassin, 2001).

A partir de la Constitución de 1991, de la Ley General de Educación de 1994, y de la formulación de nuevas disposiciones jurídicas como la Ley de Seguridad Ciudadana, la Ley de Convivencia Escolar y la Ley de Víctimas, el propósito de consolidar una cultura política democrática se convierte en uno de los ejes de nuestra política institucional, así como en el ámbito de las políticas públicas como base de legitimación política y de cohesión social. Este hecho conduce a incentivar diversos programas de formación en derechos humanos, agendas de seguimiento a los procesos de paz, construcciones de tejido social universitario y pedagogía(s) de la memoria. Es por ello que el tema de la formación política cobra un cariz importante en la década actual, a raíz de la serie de políticas públicas tendientes a hacer negociaciones y acuerdos de paz con los distintos actores armados.

Concretamente, el trasfondo de este énfasis descansa en un interés ético-político por contribuir a la fundamentación pedagógica para la materialización de los compromisos particularmente inscritos en la Ley de Víctimas en el ámbito educativo, en cuanto a verdad, justicia y reparación con garantías de no repetición. Aunque aún no existe claridad respecto a una política pública que exija a las instituciones educativas acoger las producciones del grupo de Memoria Histórica como material para la enseñanza de la historia reciente, la Ley 1448 traza algunos lineamientos en este sentido, instando al Centro de Memoria Histórica a convocar a otras entidades para investigar sobre el tema, promover actividades participativas y formativas, y crear un museo de la memoria. Del mismo modo, se convoca al Ministerio de Educación a fomentar programas desde el enfoque de derechos (1), con atención especial al trabajo con poblaciones vulnerables y afectadas por la violencia. Con respecto a las garantías de no repetición, esta ley alude a “la creación de una pedagogía social que promueva los valores constitucionales que fundan la reconciliación, en relación con los hechos acaecidos en la verdad histórica”.

En este campo, la Universidad Pedagógica Nacional tiene ante sí diversos retos relacionados con la creación de programas de formación política que atiendan las problemáticas del conflicto político armado propiciando escenarios de reconfiguración de los sujetos que abran posibilidades de conocimiento, reconocimiento y transformación histórico-social; en donde seamos capaces de asumir el reto de dinámicas de investigación, enseñanza y proyección; se propicien aperturas dialógicas que visibilicen desde la reflexión-acción el reconocimiento de otros plurales en su condición política, de género, sexual, étnica, social y vital (Herrera y Merchán, 2012, p. 142).

Actualmente en la Universidad se reconocen los siguientes trabajos:(2)

• Grupo de investigación: Sujetos y nuevas narrativas en investigación y enseñanza de las ciencias sociales.

Líneas

a) Memorias, identidades y actores sociales

b) Proyecto pedagógico formación política y memoria social de la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales.

• Grupo de trabajo: Educación, conflicto y territorio, de la Licenciatura en Educación Comunitaria con énfasis en Derechos Humanos.

• Grupo de investigación: Educación y Cultura Política.

Líneas:

a) Educación y cultura política

b) Redes, movilizaciones por la educación y subjetividades políticas

c) Pedagogía crítica y alteridad.

• Grupo de investigación en Diversidad y Equidad.

• Escuela de formación en ddhh. “Antonio Nariño y Álvarez”

• Programa Pedagogía de Paz

Bajo estas consideraciones, resulta importante posicionar en la upn y en múltiples escenarios de formación (3) el papel que la pedagogía de la memoria tiene en el reconocimiento y tratamiento de hechos de la historia reciente que han marcado severamente el devenir de la sociedad colombiana. Con ello se abre paso a la visibilización de la educación como un campo cultural, por medio del cual resulta posible vehicular procesos de recomposición de sociedades fragmentadas a causa de lesiones infringidas por las dinámicas de la violencia política.

Pensar el papel político de la memoria y sus entrecruzamientos con la educación, la paz y los derechos humanos, conlleva a asumir que la relación pasado reciente-pedagogía se ubica en la complejidad del actual contexto histórico colombiano, marcado por la confluencia de la continuidad de dinámicas del prolongado conflicto político interno armado, el agravamiento de la crisis social fagocitada por las imposiciones político-económicas del neoliberalismo y, un proceso jurídico-político transicional. En otras palabras, se trata de la convergencia de un acumulado de violencias estructuradas, estructurales y estructurantes y la promesa de una tramitación negociada, léase, en clave de los procesos de paz y la entrada al posconflicto.




(1) A la fecha se cuenta con el Plan Nacional de Educación de DD. HH. del Ministerio de Educación Nacional (men) y en el mes de agosto del presente año se proyectó la creación de la Cátedra de Paz.
(2) Resaltamos la valiosa participación de nuestro colega Renán Vega en la Comisión Histórica del Conflicto.
(3) Nombramos espacios como la Escuela Maternal, el ipn y sus procesos de educación básica, secundaria y media, programas de pregrado, posgrado, proyectos educativos en escenarios comunitarios, en territorios rurales, etc.